Resumen: La cuestión con interés casacional consiste en determinar si vulnera el principio de irretroactividad exigir un tributo en el mismo ejercicio en que entre en vigor su ley reguladora, cuyo periodo impositivo es el año natural y que se devenga el último día del año natural, cuando dicha entrada en vigor se produjo con anterioridad a la fecha de devengo.
Resumen: Se cuestiona si la Sala de Suplicación ha de entrar a conocer del fondo del asunto -despido disciplinario-, cuando el Juzgado de lo Social vuelve a decretar la ilicitud de la prueba obtenida a través de videocámaras y la nulidad del despido en base a dicha ilicitud, complementando datos fácticos, tras una previa sentencia de suplicación que decretó la nulidad y devolución al Juzgado para que tuviera en cuenta tal prueba. La Sala IV tras analizar el alcance y contenido del art 202.2 LRJS, estima el recurso y casa y anula la sentencia recurrida, a fin de que la Sala proceda a emitir una nueva resolución, con plena libertad de criterio, en la que enjuicie todas las cuestiones ante ella deducidas. Argumenta que cuando la infracción cometida versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimación del motivo, ex art. 202.2 LRJS, conlleva que la Sala tiene la obligación de resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate. Solo en el supuesto en el que fuese insuficiente el relato de hechos probados de la resolución recurrida, no poderse completar por el cauce procesal correspondiente, y, en consecuencia, no alcanzase a dictar sentencia, el legislador abre la vía de acordar la nulidad. Esa salvedad no acaece en esta litis. El relato de hechos conformado definitivamente en la instancia, tras la previa nulidad, ofrecía parámetros suficientes para que la Sala cumplimentara el deber de enjuiciamiento preceptuado por la norma.
Resumen: La finalidad de la regulación de los actos de comunicación es asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, que queda vulnerado en casos de omisión o defectuosa realización de los mismos si con ello se impida a las partes litigantes llegar al conocimiento real de la citación para defender sus derechos en los procesos en que intervengan, correspondiendo al juzgado evitar la indefensión en las comunicaciones. Es una circunstancia esencial de la comunicación que figure la dirección correcta de quien se pretende notificar y si esta se formula incorrectamente por error del Juzgado, se causa indefensión a la parte, declarándose la nulidad de la sentencia.
Resumen: La sentencia apuntada trae causa del auto del TS que inadmitió un RCUD respecto de una pensión de viudedad, en base a la aplicación de la legislación sobre el reconocimiento de parejas de hecho y los requisitos para acceder a esta pensión. Este caso se ve afectado por una sentencia del TC que había declarado inconstitucional una disposición de la LGSS por discriminar a las parejas de hecho dependiendo de la comunidad autónoma de residencia. La demandante convivía con su pareja, quien falleció en un accidente de trabajo antes de la sentencia del TC. La solicitud de pensión de viudedad fue denegada inicialmente por no cumplir con el requisito de inscripción como pareja de hecho con dos años de antelación al fallecimiento, requisito que no era exigido en Cataluña antes de la sentencia constitucional mencionada. Tras agotar los recursos en España, la demandante llevó su caso al TEDH que determinó que se había vulnerado su derecho a la protección de la propiedad. El TS basándose en la sentencia del TEDH, estima parcialmente la demanda de revisión y decide rescindir tanto el auto de inadmisión del recurso de casación como la sentencia que había confirmado la denegación de la pensión, remitiendo el caso de nuevo para una nueva resolución. Se subraya el carácter excepcional del procedimiento de revisión y su limitación a casos en los que persisten efectos perjudiciales que no pueden remediarse de otro modo.
Resumen: Conforme a lo preceptuado en el art. 697 LECrim, si alguno de los acusados no asume la decisión de los demás de conformarse con la acusación del Fiscal, es necesario la celebración del juicio para todos, pero también lo es que esa posible infracción del art. 697 LECrim no debe producir el efecto de nulidad del juicio, sino que será necesario valorar si ello le ha causado indefensión o no al no conformado. El tribunal ha valorado la prueba documental y pericial/testifical practicada en el plenario de forma razonable, rechazando los argumentos exculpatorios de los acusados, partiendo de una prueba lícita y suficiente, utilizando argumentos que demuestran una gran solidez en las conclusiones alcanzadas, por lo que debemos confirmar las mismas. Respecto de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, su apreciación exige de la concurrencia de una serie de elementos constitutivos: a) que tenga lugar una dilación indebida en el sentido de no justificada; b) que sea extraordinaria, en el sentido de relevante, de fuste; c) que ocurra durante la tramitación del procedimiento; d) que esa demora o retraso no sea atribuible al imputado; y e) que la dilación no guarde proporción con la complejidad del litigio, lo que constituye en último término una especificación concreta de un requisito anterior: que sean indebidas. La atenuante de reparación del daño exige una aportación relevante, que desvele una intención de someterse al dictado de la norma quebrantada.
Resumen: Se resuelve sobre la denegación de preguntas, específicamente señaladas, concluyendo que no supuso quebranto alguno en el derecho de defensa del recurrente, en su posibilidad de construir una estrategia defensiva eficaz. El Tribunal Supremo concluye, tras el análisis de la sentencia recurrida, que el Tribunal Superior de Justicia, tras revisar el material probatorio y la valoración efectuada por la Audiencia, ha confirmado la sentencia de instancia, ratificando la existencia de pruebas válidas, sometidas a contradicción y con un significado incriminatorio suficiente (más allá de toda duda razonable) para estimar acreditado que el acusado se condujo en los términos que se reflejan en el apartado de hechos probados. Tales pruebas, además, han sido valoradas con arreglo a las máximas de la experiencia y a criterios lógicos y razonables, constando en la sentencia el razonamiento lógico de la convicción alcanzada por el Tribunal. El valor de las periciales médicas a los efectos del artículo 849.2 LECrim. Derecho transitorio: incidencia de la LO 10/2022. El marco penológico aplicable con la ley posterior es inferior, por tener un mínimo más bajo al de la legislación anterior, lo que hace procedente la aplicación de la norma contenida en la Ley Orgánica 10/2022, con la repercusión punitiva adecuada. En cualquier caso, se le debe aplicar el art. 192.3. 2º párrafo CP.
Resumen: Tutela de derechos fundamentales: la Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) presenta demanda de tutela de DDFF frente a la empresa Ilunion Emergencias S.A., que estimada parcialmente declara la nulidad de cualquier acto o manifestación de la empresa que vaya dirigido al no reconocimiento de la sección sindical de nivel autonómico del sindicato CGT, con derechos inherentes derivados de la constitución de la sección sindical de nivel autonómico, condenando a la empresa al abono por indemnización por daños y perjuicios a la cantidad de 1501 €. Recurrida por la empresa en casación ordinaria, la Sala IV del TS desestima el recurso, señalando, de igual forma que lo hizo el TSJ, que corresponde a la autonomía de los sindicatos como titular del derecho a la libertad sindical la configuración de su sección sindical a nivel que consideren conveniente, tanto con referencia a toda la empresa como a un solo centro de trabajo (art. 10 LOLS).
Resumen: El carácter anónimo de la denuncia no excluye que la misma pueda servir como instrumento de trasmisión de la notitia criminis. Y cualquiera que fuesen sus propósitos al facilitar dichas noticias, serán quienes inicialmente las reciben los que, en el desempeño de su función, procederán a comprobar la verosimilitud de las mismas y a practicar, cuando hubiere méritos para ello, las diligencias de investigación necesarias a fin de confirmar su eventual consistencia. Una información confidencial en la que permanezca anónima la fuente no constituye nunca una base suficiente por sí sola para acordar una intervención telefónica. Esas informaciones sí que pueden ser el desencadenante de una investigación policial en la que se recaben datos que permitan contrastar la fiabilidad de la fuente. Si la parte entendía que existían fundadas razones para considerar la falta de imparcialidad del juez instructor, debió proceder en la forma legalmente prevista articulando la correspondiente recusación. Se advierte una significativa carencia de prueba de cargo que pudiera justificar la existencia de las presiones en la contratación de los servicios de Ausbanc. En el delito de extorsión el sujeto pasivo/perjudicado resulta obligado a realizar un acto o negocio jurídico con valor económico del que deriva un perjuicio bien para el extorsionado o bien para un tercero. En el delito de extorsión se exige una relación directa entre la intimidación o violencia empleada y el objeto de la acción.
Resumen: Libertad sindical: la sentencia de la AN, desestimó la demanda apreciando la excepción de cosa juzgada en relación con determinados procedimientos individuales previos fundamentados en la misma causa. Recurrieron las dos partes. Ahora la sentencia de casación desestima el recurso de la empresa y estimando parcialmente el recurso del sindicato accionante, declara, por un lado, que el sindicato puede ejercitar una demanda de tutela de libertad sindical en su vertiente colectiva cuando previamente sus afiliados y la misma organización sindical, ha intervenido como coadyuvante, y han interpuesto varias demandas atinentes a violaciones del derecho fundamental contra el mismo empleador y, por otro, declara la existencia de vulneración del derecho de Libertad Sindical de Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada (ASTSP) durante el año 2020 y la nulidad radical de la conducta de la empresa demandada por reiterados y sistemáticos incumplimientos sobre diversos representantes y delegados sindicales que les ha obligado al seguimiento de procedimientos judiciales para su reparación. Condena a la empresa al pago de una indemnización de 40.000 euros.
Resumen: La sentencia de instancia, estimando la demanda de la asociación empresarial, declara la nulidad de determinadas cláusulas del IV acuerdo marco de la estiba portuaria. Recurren 5 de los demandados en casación común. La Sala IV, tras recordar cuál es el objeto de la modalidad procesal de impugnación de convenios y el contenido de la sentencia que en ella se dicte, así como los requisitos formales del recurso de casación, rechaza la revisión fáctica instada. En segundo lugar, se razona que la recurrente confunde la falta de legitimación activa de la asociación, que en el caso enjuiciado es clara por ostentar la representatividad exigida, con la falta de capacidad procesal de su representante; capacidad que por otra parte, las recurrentes no cuestionan. Se desestiman asimismo las excepciones de falta de motivación e incongruencia extra petita de la sentencia recurrida, al no haberse apartado la sentencia del debate litigioso y haber abordado la validez de cada uno de los preceptos convencionales impugnados. Se rechaza también la excepción de falta de acción, con base en la pérdida de vigencia de la norma impugnada, por entender que la ambigüedad de la cláusula derogatoria recogida en el RDL 9/19 justifica el planteamiento de la pretensión actora. Por fin, se tiene en cuenta que en el BOE de 18/5/22 se publicó el V acuerdo de la estiba portuaria, lo que determina la carencia sobrevenida de objeto litigioso en el actual recurso, al haber perdido vigencia el convenio impugnado
